La claridad del lenguaje del poder no es una cortesía ni una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación correlativa al derecho subjetivo a comprender. El lenguaje del poder ha sido un tema recurrente de estudio para historiadores, juristas, sociólogos y lingüistas. Desde hace algunos años los enfoques se han centrado en la claridad de las comunicaciones con los ciudadanos. El atractivo de esta perspectiva de análisis ha crecido tanto como para desplazar cualquier otro punto de vista. Existen ahora movimientos intelectuales y sociales globales que exigen claridad a las instituciones del Estado y a cualquier otra organización que domine sectores económicos o mercados. Este foco de atención concierne a todas las lenguas de comunicación transnacional y naturalmente el fenómeno ha alcanzado a la comunidad hispanohablante. [
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Cómo mejorar en beneficio de los ciudadanos la calidad e inteligibilidad del lenguaje del poder; este ha sido el lema de referencia.
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] hasta ahora, lo que ha sido menos atendido en los estudios es otro aspecto de la exigencia de claridad: la construcción de un derecho fundamental de los ciudadanos a comprender las normas, resoluciones y comunicaciones dirigidas a ellos, y las garantías de exigibilidad de ese derecho, traducidas en obligaciones de las instancias concernidas.
(Del «Preliminar»)
